21 de mayo, Día Internacional de la Diversidad para el Diálogo y el Desarrollo

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El próximo 21 de mayo se conmemora — desde 2002, a raíz de la adopción por la Asamblea General de la ONU de la Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural— el día Internacional de la Diversidad para el Diálogo y el Desarrollo.

Esta fecha se instituyó con el propósito de impulsar el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural para que todos aprendamos a “convivir” de una mejor manera.,  de forma tal que seamos capaces de reconocer el derecho que todos tenemos a mantener nuestra lengua, nuestra cultura, nuestras costumbres y tradiciones, a desarrollarlas y compartirlas sin ser discriminados por ello y sin que nos veamos obligados a dejar de ser lo que somos para aspirar a los beneficios del desarrollo.

Avanzar en este propósito requiere una reflexión y un empeño cotidiano en la promoción y la protección del conocimiento, el reconocimiento, la valoración y el respeto de la diversidad cultural de todos.  El problema es complejo, porque se relaciona con las convicciones culturales que todos tenemos y que no necesariamente coinciden.  Si concedemos que nos comportamos de acierdo con un conjunto de formas y modos adquiridos de concebir el mundo, de pensar, hablar, expresarnos, percibir, comportarnos, organizarnos socialmente, comunicarnos, sentir y valorarnos en cuanto individuos y como integrantes de un grupo social, hablamos de formas que aprendemos desde la infancia y que cuesta trabajo cambiar.  Se trata de un marco de referencia que nos permite comunicarnos, organizar nuestra vida, nuestro pensamiento y las relaciones con los demás. Por lo tanto, todos tenemos derecho a mantener nuestra cultura, pero también tenemos la obligación de conocer, valorar y respetar la de los demás.

El 21 de mayo se instituyó para impulsar el desarrollo de esta convicción de que la diversidad cultural es vital para el desarrollo social y humano de cualquier comunidad, pues es fuente de creatividad, innovación, originalidad, intercambio y enriquecimiento.

Sólo si reconocemos, valoramos y respetamos nuestra diversidad, seremos capaces de considerar que el aprecio de la diversidad es un primer paso para el pleno reconocimiento de las identidades culturales de los mexicanos y la valoración de sus distintos aportes a la construcción de la nación. De ahí que busquemos fortalecer las diversas expresiones culturales de nuestro país, así como promover el reconocimiento de estas diversidades en los ámbitos de la salud, la educación, la justicia y el desarrollo cultural.

Sólo así podemos subrayar que la diversidad cultural es parte del patrimonio cultural de la humanidad, que debemos mantenerla y cultivarla porque es parte de nuestra esencia como personas y como miembros de los distintos grupos que forman la sociedad. Pero también porque es a partir de este ejercicio que podemos prevenir efectivamente la discriminación y la exclusión.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un mandato para eliminar la discriminación, tanto para las autoridades gubernamentales como para los ciudadanos. El artículo 1º señala:

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

A partir de este precepto, el Estado es un actor mandatado para abstenerse de discriminar por cualquier vía, pero también para impulsar las condiciones de equidad y oportunidades iguales para todos. Es el propio Estado el responsable de garantizar a la sociedad igualdad de derechos y condiciones de no discriminación.

Bajo este cobijo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha incorporado en sus herramientas de impartición de justicia diversos elementos sustantivos del contenido y alcance del derecho a la igualdad y no discriminación. Estas se relacionan, por ejemplo, con la capacidad jurídica de las personas con discapacidad o la provisión de seguridad social a parejas del mismo sexo, e incluso ha generado protocolos de actuación para la infancia y la adolescencia, las personas, comunidades y pueblos indígenas, entre otros.

Por estas razones, durante los últimos dos decenios se han creado o fortalecido instituciones dedicadas a atender la situación específica de poblaciones discriminadas, entre otras: el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida (Censida), el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali, el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) y, por supuesto, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) como la institución rectora en materia de combate a la discriminación y promoción de la igualdad.

A pesar de todo, es claro que aún estamos lejos de alcanzar un México libre de discriminación y exclusión. Prevalecen la dispersión de los esfuerzos y recursos así como la falta de coordinación entre las distintas instituciones responsables y colaboradoras para concretar la política antidiscriminatoria en el país.

Tal dispersión de esfuerzos para atender a las poblaciones discriminadas y los asuntos relacionados con los procesos discriminatorios ha prolongado situaciones de graves desigualdades de trato a la par que la desigualdad económica, de manera tal que, por ejemplo, según recientes estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), 76.1% de la población de habla indígena vive en pobreza, y las poblaciones indígenas constituyen precisamente uno de los grupos históricamente discriminados en el país, en tanto que, ya sea de manera individual o colectiva, no acceden —o lo hacen en las peores condiciones—, a las libertades, derechos, bienes y servicios públicos con la calidad y pertinencia adecuadas, según lo han constatado las cifras oficiales disponibles.

Subyace también un entramado discriminatorio tanto en el ámbito de lo social y privado, como en el de la vida pública, institucional y cotidiana. Mantenemos aún una cultura institucionalizada de desvalorización de las identidades que requiere ser modificada en el marco normativo-administrativo para armonizarlo con la Constitución, al igual que en la conducta y prácticas cotidianas de las personas del servicio público, que son quienes diseñan, implementan o evalúan las políticas y programas públicos, o quienes operan los servicios; es decir, quienes diseñan y dan vida a las instituciones, sea en la atención directa a la ciudadanía, sea en la distribución y ejercicio del presupuesto.

Si avanzamos, aunque sea un poco, en desarrollar la conciencia sobre la importancia del diálogo intercultural, la diversidad y la inclusión; en impulsar el compromiso de individuos e instituciones con el apoyo a la diversidad a través de acciones concretas, verdaderas y cotidianas; si logramos, en fin, combatir la polarización y los estereotipos para mejorar el entendimiento y la cooperación entre todos los que provenimos de diferentes culturas, podremos celebrar con fundamento este día.

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