Derecho a la comunicación intercultural

Hablar de comunicación intercultural exige, por definición, exige su rigurosa contextualización en el ámbito nacional. En dicho orden, la desigualdad es el componente principal del contexto mexicano contemporáneo, y resulta medible en la asimetría abismal de la modernidad vernácula que coloca de un lado a la oligarquía nacional detentadora de la concentración de riqueza más alta del mundo y, del otro, a las expresiones de la diversidad cultural, étnica y lingüística de nuestro país, acechadas permanentemente por la desposesión de sus territorios y saberes, mediante actos de etnocidio, genocidio y ecocidio, como por la acción de caciques voraces.
Esa desigualdad habita en una construcción social que desarrolla y se desarrolla con violencia y racismo estructurales, cuyas acciones destructivas son banalizadas, normalizadas, ocultadas, mediante la operación política de las instituciones mediáticas de la cultura de masas, que coadyuvan con el proceso permanente de homogeneización y blanqueamiento de nuestra identidad nacional pluricultural.
Las promesas de bienestar tecnocrático del nacionalismo revolucionario del siglo veinte y su narrativa de modernidad reaccionaria con discurso propagandístico de desarrollo para el progreso, no se cumplieron. Por el contrario, de esa política de masas, consumada por el neoliberalismo, recibimos la barbarie actual, auténtico producto originario de la civilización resultante del capitalismo de compadres, adefesio nacional con rostro siniestro.
Esa es la condición que identifica a México en las dos primeras décadas del siglo veintiuno, de transición de una sociedad cerrada, violenta y racista, a una sociedad abierta en términos interculturales; de una sociedad homogeneizada culturalmente a una sociedad que se reconoce diversa. En ese contexto, el reconocimiento constitucional, integral y transversal de la diversidad cultural, étnica y lingüística de nuestro país, parafraseando al doctor Rodolfo Stavenhagen, tiene algunos avances en lo jurídico, con una brecha abismal en su cumplimiento.
La reforma constitucional de 2011, que coloca los derechos humanos en el artículo 1° como principio rector de toda la norma, produce un cambio de paradigma legal que configura un sujeto constitucional nuevo, diverso e intercultural, suma de derechos individuales y colectivos, sustentado en el reconocimiento de la estructuración nacional culturalmente diversa.
Este constructo constitucional resultado de la reforma es nuevo porque incorpora los convenios y acuerdos internacionales firmados por México, como los derechos indígenas, la protección de las expresiones de la diversidad cultural, los derechos lingüísticos o el derecho al reconocimiento constitucional de los pueblos afromexicanos, enriqueciendo sus contenidos mediante un complejo proceso de armonización judicial y legislativa basado en el diálogo intercultural de justicia.
Este proceso transicional de armonización intercultural de justicia presenta una perspectiva jurídica nueva, en la que emergen los derechos interculturales, junto con los derechos culturales, para colocarse en el primer rango de la Constitución.
En este nuevo contexto del siglo veintiuno mexicano, la interculturalidad aparece como derecho, el derecho que corresponde a los pueblos indígenas originarios y a los pueblos afromexicanos, el derecho a la interculturalidad. En ese marco aparece el derecho a la comunicación intercultural.
La comunicación intercultural es un concepto polisémico por naturaleza, de modo que hay diversas maneras de aproximarse a su compleja estructura significativa.
De entre una gran variedad de autores, enfoques y definiciones, acudimos a Raúl Fornet Betancourt, quien destaca la importancia del contexto cultural cuando se tata de conceptualizar la comunicación entre culturas diferentes. Al respecto, Fornet Betancourt dice:
“No sólo estamos en un contexto, sino que vivimos como parte de un contexto y formamos nuestra corporalidad, lengua, ideas, etcétera, siempre en interacción con eso que se llama contexto” (Fornet-Betancourt, 2004; 27 y 28, en Directrices para la comunicación intercultural, Martínez y Riess, 2014; 64)
En el contexto mexicano, además de explicarse conceptualmente las implicaciones de la asimetría comunicacional, es donde se localizan la dominación neocolonial junto con la criminalización feroz de las radios indígenas comunitarias. Ahí, el derecho a la comunicación intercultural también implica el conjunto de derechos y leyes vigentes que regulan las relaciones que resultan de la asimetría en la que se ven inscritos sus pueblos y sus comunidades.
Para comprender la comunicación intercultural como derecho que el estado mexicano está obligado a garantizar, y su relación con el etnoterritorio, lo haremos abordándola desde tres ángulos de aproximación: el epistemológico, el ético y el lingüístico.
Desde el punto de vista epistemológico, el estado mexicano debe adoptar el enfoque intercultural de la comunicación para contribuir al desarrollo de políticas públicas de comunicación social con pertinencia cultural y lingüística, sustentadas en la diversidad de saberes. En este orden, incluirá la noción de territorio cultural como principal continente de la diversidad de saberes originarios asociados a la biodiversidad, que es componente fundamental del contexto e indispensable en esta forma de planificación estratégica nacional.
Desde el punto de vista ético, el estado mexicano incluye en el diseño de sus políticas públicas de comunicación la noción de territorio indígena, de acuerdo con el significado que dicho concepto tiene en el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, para que sus planes, programas, estrategias, campañas y mensajes sean respetuosos de los saberes originarios, tangibles e intangibles, contenidos en los etnoterritorios, y comprendan su importancia para las poblaciones para las que dichos instrumentos de política pública fueron diseñados y hacia las que van dirigidos.
Desde el punto de vista lingüístico o de la comunicación, el estado mexicano está obligado a respetar y hacer valer los derechos lingüísticos para cuidar la oralidad de los pueblos indígenas. También está obligado a que sus políticas públicas tengan pertinencia lingüística; particularmente las dirigidas a las comunidades indígenas y afromexicanas. En este sentido, el concepto de etnoterritorio es entendido como un continente dinámico de significados articulados con sistemas simbólicos organizados en lenguajes culturalmente transmisibles, mismos que visibilizan y audibilizan al nombrarlas, las articulaciones tangibles e intangibles entre la naturaleza del asentamiento físico y las comunidades que lo habitan y que lo tienen configurado como su contexto cultural.
Finalmente, es muy importante subrayar que todas las instituciones y organismos de la Administración Pública Federal, junto con sus funcionarios y operadores, están obligados a conocer y cumplir los derechos vigentes de la diversidad cultural, étnica y lingüística de México, y en este caso particular el derecho a la comunicación intercultural, pues aun cuando los ignoraran, ello no los exime de su cumplimiento.

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