Derechos culturales, diversidad y legislación

En las opacas cocinas del poder legislativo se encuentra hoy una Ley General de Cultura que tendrá consecuencias significativas para todo el país en el ámbito de la cultura, en los niveles federal, estatal y municipal de gobierno e incluso, debido a las materias que habrá de ordenar, en los espacios comunitarios. Los diarios nacionales han reportado la existencia de tres iniciativas que sirven de materia prima para el poder legislativo. Dos de ellas provienen del Senado de la República y una más de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados. Adicionalmente, los legisladores cuentan con información derivada de una decena de audiencias públicas que los diputados organizaron en diferentes regiones del país. Frente a este panorama, un grupo de expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia redactaron un documento titulado “Hacia una Ley General de Cultura incluyente de los derechos culturales y la diversidad cultural” que hicieron circular ampliamente con la solicitud de ser suscrito por toda persona interesada.
Se trata de un comunicado abierto a la comunidad, que externa una preocupación general por la salvaguarda y garantía del ejercicio de los derechos culturales. Reproduzco aquí los puntos que el documento destaca como aquellos elementos centrales que una Ley General de Cultura no debería dejar de considerar. Para iniciar, se subraya que estos derechos culturales generales deben establecerse de manera indicativa, no limitativa: es decir que la lista de derechos no está cerrada; alguno puede haberse escapado a la visión del legislador, o puede surgir en el futuro. Y se demanda que estos derechos deben garantizarse para todo individuo, comunidad y grupo social.

• “Derecho a ejercer plenamente la identidad nacional y participar de forma activa en su enriquecimiento y desarrollo”.
• “Derecho a elegir y asumir libremente, además de la identidad nacional, una identidad cultural propia, que deberá ser reconocida, respetada y protegida por el Estado y la sociedad en su conjunto. Este derecho conlleva el pleno ejercicio de la libertad de conciencia y religión, así como el de la libre difusión de ideas, opiniones e información.”
• “Derecho al reconocimiento, respeto y protección legal, estatal y social del patrimonio cultural material e inmaterial de México, ya que éste es parte integral de la cultura y es fundamento identitario, tanto de los mexicanos en general como de los diversos grupos culturales que componen la nación”.
• “Derecho a participar libremente en la vida cultural del país y de la comunidad cultural propia, así como en la preservación, desarrollo y difusión de las manifestaciones culturales y del patrimonio cultural.”
• “Derecho a conocer, tener acceso y disfrutar de los monumentos y zonas arqueológicos, históricos, artísticos y paleontológicos de la nación, así como los de interés estatal o municipal, con las restricciones que establezca la normatividad en la materia.”
• “Derecho a la creación y a la producción cultural y artística.”
• “Derecho a acceder a los bienes y servicios culturales que otorgan la Federación, estados y municipios.”
• “Derecho a la protección de los derechos de autor, individuales y colectivos.”
• “Derecho a participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los propios planes, proyectos y programas culturales que tengan como objetivo la protección, desarrollo y promoción de la cultura y el patrimonio cultural.”
• “Derecho a participar en la elaboración, resolución, ejecución y evaluación de las decisiones gubernamentales que le conciernen a la sociedad y que afectan el ejercicio de los derechos culturales, individuales y colectivos, así como a tener instancias reconocidas legalmente que permitan hacer efectivo este derecho.”
• “Derecho al intercambio intercultural con otras comunidades y grupos sociales.”
• “Derechos de asociación y reunión.”
• “Derecho a acceder al espectro radioeléctrico para adquirir, operar y administrar medios de comunicación para la difusión educativa y cultural.”
• “Derecho a la información, libre expresión, participación y defensoría de las audiencias en espacios de radio y televisión cultural pública, así como al espectro radioeléctrico para la difusión y promoción de la diversidad cultural, la conservación, promoción y difusión del patrimonio cultural de México, el fortalecimiento de los valores cívicos, el respeto a los derechos culturales, la defensa de la soberanía y la autodeterminación nacional, partiendo del principio que los medios de comunicación públicos son medios de comunicación del Estado.”
• “Derecho a salvaguardar y desarrollar de manera autogestiva y participativa la diversidad cultural ante los procesos globalizadores que promueven la homogeneización y mercantilización de las diversas manifestaciones culturales.”

Estos derechos deben ser garantizados de manera específica para toda la población por el Estado, por lo que el mismo comunicado propone una serie de obligaciones que la Ley debería contener:

• “Garantizar, desde el punto de vista legislativo, presupuestario, político y administrativo, la puesta en práctica del conjunto de los derechos y libertades señalados en el presente apartado.”
• “Incluir en el corpus legislativo federal y estatal la dimensión cultural de los derechos humanos establecidos en la Constitución.”
• “Establecer, implementar y aplicar políticas públicas, planes, programas, acciones e instancias de carácter transversal entre las diversas dependencias de la Administración Pública Federal con el fin de integrar la dimensión cultural en la protección de los derechos humanos.”
• “Establecer sanciones de carácter penal para quien viole, mediante acción u omisión, derechos culturales en general y específicamente de individuos, comunidades o pueblos indígenas; mujeres; niños y adolescentes; personas en situación económica y social desfavorable; personas con capacidades diferentes; adultos mayores; y personas cuyas preferencias religiosas, políticas, sexuales o de otra índole los ubiquen en situación minoritaria y de vulnerabilidad.”

Los individuos, comunidades y grupos sociales que formamos parte de la nación mexicana tenemos derecho a compartir los vínculos de solidaridad, esquemas de vida y referentes de identidad que nos permiten lograr un sentido de pertenencia compartido, basado en un origen común y en un futuro ideal también compartido. En una situación multicultural y socioeconómicamente tan desigual como la mexicana, el problema se desplaza con fuerza hacia la forma y los mecanismos en los que podemos todos participar de forma activa en su enriquecimiento y desarrollo. En este punto, hacer compatibles el México profundo y el imaginario que describió Bonfil, sigue siendo el mayor reto de construcción de la sociedad futura. Ser completamente mexicanos para lograr una participación plena de la construcción nacional sin dejar de ser lo que somos por origen familiar, regional, cultural, religioso o de conciencia es un tema de la construcción de las identidades que se vuelve más complejo en la medida en que nos alejamos de la comunidad y la vida cotidiana, para acercarnos al Estado y las instituciones formales.
Los Estados tienden a privilegiar la homogeneización porque facilita la administración de “su” población, “su” territorio y “sus” fronteras. No obstante, en la actualidad algunas ilusiones de la modernidad son cada es cada vez más difíciles de sostener. Al fin del milenio, el Estado mexicano ha debido reconocer su composición pluricultural y poco a poco se verá obligado a reconocer los derechos culturales, económicos y sociales con atención a la diversidad de los componentes nacionales. La Constitución ha incorporado elementos de este reconocimiento en los Artículos 2º, 3º y 4º con consecuencias significativas para la preservación y el enriquecimiento de lenguas, culturas e identidad, la libertad creativa y la educación. Con la reforma del Artículo 1º, después de 2011, también se abrió un espacio enorme para el reconocimiento, el respeto, la promoción y el ejercicio de los derechos humanos en armonía con los avances que estos registran en los organismos multilaterales.

Como han establecido algunos especialistas en la cultura y el patrimonio nacionales, hemos transitado de una etapa en la que México se identificaba con una sola cultura, denominada “la cultura nacional”, a otra en la que reconocemos la composición pluricultural de la nación. Este tránsito es parte de la erosión de la identidad entre cultura, nación y territorio, a la vez que ha dado paso a formas de unidad política que no están atadas a la supuesta homogeneidad cultural y al mestizaje como amalgama consustancial. El reconocimiento de la diversidad cultural y la presencia de múltiples componentes de la sociedad mexicana está mucho más presente en el discurso y en la conciencia general. La transformación del Estado mexicano en un estado plural, sin embargo, está lejos de lograrse. Hoy es aún imposible para este Estado garantizar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos humanos, culturales, económicos y sociales de todos sus ciudadanos. Lograr esta garantía con condiciones y mecanismos que garanticen equidad, justicia y respeto a la diversidad está aún más lejos.
La legislación cultural para México debe tener presentes las dimensiones del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas que habla del “Derecho de toda persona a participar en la vida cultural”. Como establece este documento, “Los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos y, al igual que los demás, son universales, indivisibles e interdependientes. Su promoción y respeto cabales son esenciales para mantener la dignidad humana y para la interacción social positiva de individuos y comunidades en un mundo caracterizado por la diversidad y la pluralidad cultural”. Por estas razones, los Estados deben garantizar que el ejercicio de estos derechos de los pueblos indígenas y las minorías se expresen y ejerzan de acuerdo con sus propias tradiciones culturales. Considerando el carácter sólidamente comunitario de algunas de ellas y el acceso concomitante a las tierras, territorios y recursos ancestrales.
El trabajo en organismos multilaterales del sistema de Naciones Unidas, como UNICEF y UNESCO, ha producido, en los últimos años un gran número de directrices, guías operativas, hojas de ruta y compendios de buenas prácticas para avanzar en este trabajo. En la discusión de una nueva Ley de cultura y en la lucha cotidiana por avanzar hacia el pleno reconocimiento de los derechos culturales de todos los mexicanos, es importante tener presentes estas discusiones. No debemos olvidar dos mensajes a este respecto, legados por Rodolfo Stavenhagen. Uno de ellos, con el que concluyó un artículo en 2008, relataba su conversación con un vicepresidente de Guatemala al que le preguntó qué pensaba del hecho de que muchas de las personas que había entrevistado le habían informado que no había en el país voluntad política para cumplir con el acuerdo sobre cultura y derechos indígenas. A lo que el vicepresidente había respondido: “Señor relator, tienen razón”. ¡Hablando de voluntad política! Sugiero que una de las primeras tareas en la estrategia para la implementación de la DNUPI es educar al sistema político en materia de voluntad política”. Por supuesto, frente a esta cínica respuesta, que perfectamente podría haber sido emitida por algún político mexicano, Stavenhagen sostenía que la Declaración de Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, adoptada por la Asamblea General en septiembre de 2007, no es un convenio o un tratado, por lo que no es jurídicamente vinculante ni siquiera para los Estados miembros de Naciones Unidas que votaron a su favor. Sin embargo, sostiene: es sólo en la medida en que podamos unir esfuerzos y buena voluntad para hacer de ella un “instrumento moralmente vinculante en materia de derechos humanos” que estaremos en condición de volverla también “política y legalmente vinculante”. Aquí es donde debemos centrar nuestros esfuerzos.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *