Grandes pendientes a 15 años de la Conferencia Mundial de Durban

La “Conferencia Mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia”, organizada por la ONU, que tuvo lugar en la ciudad de Durban en Sudáfrica durante el mes de septiembre de 2001, es uno de los acontecimientos más importantes del inicio del siglo XXI.

En esta reunión se reconoció que la esclavitud y el tráfico de esclavos fueron grandes tragedias en la historia de la humanidad, no sólo por constituir actos de barbarie aborrecible, sino también por su magnitud, su carácter de empresa organizada y, sobre todo, por basarse en la negación de la identidad de las víctimas. Por ello, el tráfico trasatlántico de esclavos debe ser visto como un crimen contra la humanidad. Tanto por sus efectos sobre la población de origen africano como también por haberse convertido en una de las principales fuentes y manifestaciones de la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia asociada que estos pueblos siguen padeciendo.

Con base en reflexiones como esta, la Declaración y el Programa de Acción de Durban, establecieron que “el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia son amenazas y agresiones claras contra la libertad y la dignidad del ser humano, por esta razón, la lucha contra estos males devastadores de la humanidad es una prioridad para la comunidad internacional.” De ahí la necesidad de “fomentar en los habitantes del mundo la solidaridad, el respeto, la tolerancia y el multiculturalismo, valores fundamentales que lograrán conducir al mundo por el camino de la igualdad y del respeto por la diversidad existente dentro de la familia humana”.

Los 122 párrafos de la Declaración señalan con amplitud los principales temas; los orígenes, causas, formas y manifestaciones contemporáneas del racismo; el reconocimiento a las víctimas del racismo, la discriminación y la xenofobia; las medidas de prevención, educación y prevención; y las estrategias para lograr una igualdad plena y efectiva. A estos les siguen 219 párrafos de un Programa de Acción detallado. Se trata de un documento de urgente lectura y atención.

En México, el fenómeno de la discriminación ha existido a lo largo de toda su historia. Sin embargo es sólo a partir del inicio del siglo XXI que se ha hecho visible y se han adoptado medidas conducentes a enfrentarlo. En este proceso han confluido los avances en la arena internacional, Como la Conferencia de Durban, la lucha de las organizaciones de la sociedad civil y los propios pueblos indígenas y afrodescendientes para impulsar modificaciones legislativas y políticas públicas. En el año 2001 se introdujo, por primera vez en la constitución una cláusula antidiscriminatoria en el artículo primero de la Constitución. En 2003 se promulgó la Ley federal para prevenir y eliminar la discriminación y en 2004 se creó el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED).

Como parte de estos procesos, en el 2011 se reformó radicalmente el marco legal de atención a la discriminación mediante la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos. En la nueva redacción del artículo primero se establece el reconocimiento constitucional de los derechos humanos y se asienta el reconocimiento de aquellos derechos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Se incorpora también el “principio pro persona”, o el favorecer la protección más amplia para las personas, como fundamento básico en la interpretación de las normas sobre derechos humanos, así como la obligación de todos los jueces y autoridades legislativas y administrativas (federales, locales y municipales) de respetar y proteger los derechos humanos. Finalmente, se incorporan los derechos humanos como un principio a seguir en materia de educación, readaptación social y política exterior mexicana.

En este marco, la Reforma Constitucional del 2011 establece una prohibición expresa de la discriminación:

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”.

Este derecho a la no discriminación tiene una base clara en la dignidad humana que es igual para todos. Sin embargo, el simple reconocimiento no es suficiente.  Las condiciones estructurales de desigualdad social, económica y política que imperan en el país generan condiciones estructurales que colocan a las personas o grupos de personas en condiciones de vulnerabilidad, en el sentido de que no cuentan con las condiciones adecuadas para el ejercicio de los derechos humanos. En este sentido, establecer diferencias para el ejercicio de derechos entre las personas, es una forma de discriminación. En México es claro que estas distinciones y diferenciaciones afectan a distintos grupos, como las mujeres, los niños y las niñas, los adultos mayores, las personas con discapacidad, las personas con diferentes preferencias sexuales, las personas indígenas y los afrodescendientes, por ejemplo.  Todos estos grupos de personas sufren las consecuencias de esta diferenciación en el reconocimiento y  el ejercicio de sus derechos humanos fundamentales.  Un tema en el que ha insistido permanentemente el CONAPRED.

Es importante llamar la atención sobre el tema de que aún persisten inequidades muy significativas en contra de la población afrodescendiente.  Es una población que encuentra discriminaciones estructurales significativas. Aún estamos lejos de poder analizar las principales brechas existentes. La falta de información pormenorizada impide la realización de análisis contextualizados histórica y territorialmente.  Las mujeres afrodescendientes comparten con otros grupos minorizados las peores situaciones: se requiere hacer investigación específica y diseñar políticas que incorporen el enfoque de género. Las políticas deben considerar las especificidades culturales y el estatus sociopolítico de la población afrodescendiente: la participación debe ser una condición obligada de cualquier cambio. Para avanzar es necesaria la construcción de un nuevo paradigma intercultural que garantice los derechos individuales y colectivos de estos grupos.

Para concluir, me gustaría parafrasear un pronunciamiento hecho por UNICEF en la introducción al Manual de los Afrodescendientes de las Américas y el Caribe: el siglo XXI es el siglo de la diversidad en el sentido de que en este periodo de la historia de la humanidad deberá resolverse de manera democrática el problema del racismo y la discriminación. Sólo así podremos avanzar en la construcción de sociedades equitativas e incluyentes.

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