Noventa días de cambio en las políticas federales de ciencia y tecnología

 

Fernando I. Salmerón Castro

28 febrero 2019

El nuevo gobierno federal, encabezado por el Presidente López Obrador cumple 90 días de haberse instalado. Desde antes de hacerlo ya había inundado al país de propuestas de cambio e iniciativas de reforma. Uno de los terrenos de brega ha sido el del apoyo del gobierno federal a las actividades de investigación científica y tecnológica. Ha encabezado las propuestas la Dra. María Elena Álvarez Buylla, directora general del CONACYT y los debates gestados a partir de sus declaraciones y decisiones iniciales han sido muy amplios. Retomo aquí algunos de los que, a mi juicio, es importante discutir.

Con base en el “Plan de reestructuración estratégica del CONACYT” que circuló desde junio de 2018, se han iniciado acciones para restructurar internamente al Consejo, compactando oficinas administrativas y reasignando funciones.  Paralelamente se prepara un plan de descentralización que llevará, en el mediano plazo, a una parte de sus equipos de trabajo a la ciudad de la Paz en Baja California. Algunos de estos cambios seguramente requieren aún una negociación con las áreas normativas para modificar formalmente la estructura. Y muy probablemente esto no podrá concretarse hasta que se haya modificado la Ley de Ciencia y Tecnología cuyo texto vigente es de 2002. Después vendrán, “en cascada”, las modificaciones a todos los instrumentos reglamentarios que rigen los apoyos que brinda el estado mexicano a la ciencia, la tecnología y la innovación.

La propuesta de “Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías” presentada por la Senadora Ana Lilia Rivera del grupo parlamentario del MORENA, sustituye por completo la Ley de Ciencia y Tecnología, no la reforma. El contenido de la propuesta incluye puntos que están presentes en la ley vigente, pero transforma radicalmente la organización del Consejo y los mecanismos de conducción de la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el país. El CONACYT mismo se transforma de un brazo ejecutor de la política científica, al menos en la ley, concebida en el más alto nivel de la administración pública federal, a una oficina unipersonal que imagina, diseña y ejecuta, con un equipo mínimo verticalmente organizado, esta política. De este modo, remplaza al Consejo General, por una Junta de Gobierno. Es difícil sostener que se requiere la desaparición del Consejo para eliminar la llamada “fuerte presencia del sector privado” que tiene tres representantes. La medida parece exagerada. A juzgar por la exposición de motivos, más bien parece estar asociada a la idea de que la Ley misma era un tumor neoliberal que consideran necesario extirpar. Aun cuando esto sea cierto, la comunidad científica ha desarrollado contrapesos y mecanismos de consulta que se requieren para una operación eficiente del sistema: los que existen pueden modificarse, pero no deberían desaparecer.

Las reacciones iniciales a esta propuesta fueron muy radicales, principalmente de la Academia Mexicana de Ciencias, del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, así como de investigadores y líderes de opinión. En un comunicado genérico ampliamente difundido se insistió en cinco razones para rechazar la propuesta del grupo parlamentario de MORENA por considerar que: amenaza la libertad de investigación y la subordina a necesidades sociales prioritarias determinadas unilateralmente por la Dirección General del CONACYT; concentra los recursos nacionales para investigación científica y desarrollo tecnológico en una sola oficina del gobierno federal, en sí misma fuertemente centralizada y como único órgano encargado de asignar, ejecutar y evaluar el gasto público en esta materia; atenta contra el federalismo al eliminar los instrumentos existentes para incorporar las necesidades y demandas estatales o regionales, desapareciendo incluso los órganos consultivos para establecer dichas prioridades; desaparece los contrapesos democráticos para la toma de decisiones en materia de ciencia y tecnología; dota al CONACYT de poderes extraordinarios para decidir líneas de investigación y financiamiento, suspender o cancelar proyectos o actividades de investigación o de desarrollo tecnológico, públicas o privadas, ante un dictamen emitido por el mismo Consejo referente a potenciales riesgos o contingencias socioambientales a petición de afectados o cuando la Dirección General lo considere pertinente, incluyendo la suspensión del régimen de patentes; además de establecer la posibilidad de modificar, abrir nuevos o desaparecer Centros Públicos de Investigación de los que coordina.

El Foro Consultivo circuló un pronunciamiento en el que detallaron los temas que, a su consideración, significaban un retroceso. Entre ellas, la centralización de funciones en el nuevo CONAHCYT, con la concomitante concentración en la toma de decisiones, la eliminación de otros actores en el sistema y una separación del facto de las decisiones Consejo de la comunidad que busca gobernar. Señalaron también la pérdida de autonomía de los Centros Públicos de Investigación al dejarse a la Dirección General del CONAHCYT la posibilidad de decidir sobre su futuro, incluyendo su desaparición, el nombramiento de sus directivos y sus representantes legales. Otro punto es la desaparición de organismos que hoy tienen funciones en la definición y la consulta de la política en ciencia y tecnología y que representan contrapesos significativos a las decisiones de órganos centrales del poder público. Otro tema significativo es la ausencia de mecanismos de consulta con la comunidad dedicada al desarrollo de actividades científicas, tecnológicas y de innovación. En consecuencia, exhortaron al Senado de la República a iniciar un diálogo “constructivo e incluyente” para acordar una ley que mejore la vigente.

Varios generadores de opinión en los diarios y declaraciones de investigadores y directivos universitarios pusieron también el grito en el cielo por las intenciones de la nueva ley.  Entre ellos, el rector de la UNAM declaró que la propuesta era “regresiva y de espanto”.  Otras declaraciones y comentarios escritos señalaron desacuerdos con la propuesta y llamaron la atención sobre los peligros que representa.

Estas respuestas fueron ridiculizadas y desacreditadas por el propio presidente en sus conferencias matutinas, señalando que eran reacciones de investigadores corruptos que se negaban a perder sus privilegios. Sin embargo, después de esta cima álgida, la Dirección General del CONACYT hizo algunos compromisos para disminuir la presión: reunión y acuerdos con la Academia Mexicana de Ciencias, espacios de consulta con el Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, reunión con los directores de los Centros Públicos de Investigación, poco respaldo público a la iniciativa de ley. Adicionalmente, la Dra. Álvarez Buylla se presentó de nuevo en una serie de entrevistas radiofónicas y periodísticas con un tono mucho más conciliador y balsámico (por ejemplo con Carmen Aristegui el 20 de febrero y en la Jornada el 24 de febrero).

Seguramente estas discusiones arrojarán todavía muchas líneas en los siguientes meses. Conviene poner atención a algunos puntos clave. Por ejemplo, las academias y los colegios profesionales son organismos de la sociedad civil que prestan un servicio público. De ahí que en el pasado se haya considerado que el Estado debía contribuir con recursos públicos a su sostenimiento. De nuevo, las condiciones y las características de estos apoyos pueden redefinirse y establecerse mecanismos de rendición de cuentas muy estrictos, pero no pueden desaparecerse.

También, considero loable que las propuestas de reforma busquen apuntalar a las humanidades y reconocerlas en el nombre del CONAHCYT. Pero conviene que esta medida se traduzca en elementos visibles en la propia ley, para que no parezca sólo un cambio de nombre. Conviene preguntarse seriamente qué elementos novedosos incluye este cambio para las áreas del conocimiento que hoy considera el CONACYT en el Área IV.

En este mismo sentido, un cambio importante podría centrarse en la obligación de las distintas áreas de colaborar para la solución de problemas específicos. Esto es algo que probablemente estará incluido en las convocatorias para la presentación de proyectos de investigación, tanto los de ciencia de frontera como los de solución de problemas relevantes. No obstante, convendría darle un mayor peso colocándolo en la ley.

En este mismo tema, algunos especialistas de las humanidades, particularmente los filósofos (como Guillermo Hurtado), pero ocasionalmente también los historiadores, han señalado que ellos no son científicos, sino humanistas. Que, por lo tanto, requieren otras reglas del juego y otros fondos para apoyar su trabajo. Esto sucede en otros países. Si el nombre del CONACYT va a cambiar, debería considerarse este punto. Aunque esta comparación puede no gustar al gobierno actual, en Estados Unidos, por ejemplo, hay un fondo especial para las humanidades (National Endowment for the Humanities) que apoya la investigación, educación, preservación y los programas públicos en las humanidades. Este es distinto de los fondos que existen para el apoyo de las artes y de las ciencias.

Finalmente, conviene también recuperar las voces de los investigadores expertos en estos temas señalan que, aunque esta propuesta de cambios a la Ley no puede considerarse seriamente, es necesario revisar muchos aspectos de la que hoy se encuentra vigente.  Entre ellos, aunque no es aceptable que una sola agencia pública decida todo, es necesario revisar el andamiaje de gobernanza para la ciencia que hoy tiene muchas instancias y contrapesos que lo hacen lento y difícil de operar. No es viable una centralización absoluta, pero tampoco es eficiente la forma en la que se había desarrollado la participación de estados y regiones en el desarrollo del aparato científico y tecnológico. En suma, es indispensable revisar los instrumentos normativos desde una perspectiva crítica y con un espíritu democrático, de menos controles burocráticos y de descentralización hacia los estados de la federación.

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